El programa de financiación para la innovación de PYMES de Estados Unidos

Cuando la Unión Europea creó el Instrumento PYME, dentro del Programa H2020, se inspiró en el SBIR (Small Business Innovation Research). Este programa lleva años promoviendo la comercialización de iniciativas innovadoras en pequeñas empresas, la transferencia tecnológica y la colaboración con agencias federales. Veamos en qué consiste y qué oportunidades puede representar para empresas o agentes extranjeros.

¿Qué es el programa SBIR?

Con el fin de apoyar la excelencia científica y la innovación tecnológica de las pequeñas empresas, Estados Unidos dispone de este programa, que fue establecido bajo la Ley de Desarrollo e Innovación en Pequeñas Empresas de 1982. A través de los fondos federales se financia la investigación e innovación en terrenos clave para el gobierno estadounidense.

Cada año, las agencias federales con presupuestos de investigación y desarrollo (I+D) que superan los 100 millones de dólares deben asignar un 3,2% de su presupuesto de I + D a estos programas. Actualmente, once agencias federales participan en el programa SBIR.

Cada agencia administra su propio programa individual dentro de las pautas establecidas por el Congreso estadounidense. Estas agencias designan temas de I+D en sus solicitudes y aceptan propuestas de pequeñas empresas para ofrecer soluciones a los problemas que puedan tener. La financiación se otorga en concurrencia competitiva, después de la evaluación de la propuesta.

¿Cuáles son los objetivos del programa?

Sus objetivos son estimular la innovación tecnológica, satisfacer las necesidades federales de investigación y desarrollo, fomentar la participación en la innovación y el espíritu empresarial por parte de mujeres y personas desfavorecidas social o económicamente, y aumentar la comercialización del sector privado de las innovaciones derivadas de la financiación federal para investigación y desarrollo.

¿Cuáles son las fases del programa?

El programa se divide en tres fases:

Fase I. Dura de 6 a 12 meses y su objetivo es apoyar el mérito técnico, la viabilidad y el potencial comercial de los esfuerzos de I+D+i. El apoyo de esta fase se encuentra entre los 150.000 y los 225.000 dólares.

Fase II.  Esta fase puede durar hasta dos años y su objetivo es aprovechar y ampliar los esfuerzos en I+D desarrollados en la primera fase, permitiendo la planificación de la comercialización y la implementación de la tecnología, producto o servicio. Sólo los ganadores de la Fase I son elegibles para participar en esta segunda fase. El apoyo en esta fase puede oscilar entre uno y 1,5 millones de dólares.

Fase III. El objetivo de esta fase es que la pequeña empresa persiga los objetivos de comercialización resultantes de las actividades de I + D de las primeras fases. El programa SBIR no financia esta última fase, aunque algunas agencias federales pueden involucrar contratos de producción o I+D financiados por SBIR para productos, procesos o servicios destinados al uso por parte del Gobierno de los EE. UU. De este modo, se involucra a las agencias estatales mediante la Compra Pública Innovadora de los productos y servicios incubados y acelerados con este programa.

¿Qué requisitos debe cumplir una empresa para participar?

En primer lugar, la definición de pequeña empresa se refiere a aquella con un máximo de 500 empleados, sin ser elegibles las empresas y organismos sin ánimo de lucro. Para estos casos, existe el programa STTR (Small Business Technology Transfer).

La empresa debe ser principalmente de propiedad estadounidense, lo cual se traduce en que al menos el 51% de su propiedad debe pertenecer a ciudadanos estadounidenses y/o extranjeros residentes permanentes. Este requisito también podría cumplirse si el solicitante es, al menos, el 51% de propiedad de otra pequeña empresa con 500 o menos empleados, siempre que esa empresa matriz sea al menos el 51% de propiedad de ciudadanos de los Estados Unidos o extranjeros residentes permanentes.

Existen, por tanto, posibilidades para empresas e individuos extranjeros que quieran promover iniciativas innovadoras en Estados Unidos a través de este programa, aprovechando el ecosistema emprendedor de este país y el mayor acceso a financiación para start-ups, así como para universidades y centros tecnológicos como personal y centro investigador. Para ello, se deben estudiar las diferentes posibilidades de cooperación con entidades estadounidenses o la creación de estructuras en el país, ya que se requiere como criterio de elegibilidad contar con socios o implantación en el país.

Además, en algunos estados como Kentucky, las administraciones estatales complementan esta financiación federal para atraer actividades innovadoras a su territorio.

El Consejo Europeo de Innovación

Los marcos de financiación de los programas de innovación de la Comisión Europea se aprueban con un horizonte temporal de seis años. El actual acabará en 2020 y durante el primer semestre de este año, se ha terminado de negociar el esquema que tendrá vigencia desde 2021 hasta 2027. El CEI (European Investment Council) es un programa creado dentro de este nuevo marco para la innovación europea “Horizonte Europa”, que sustituirá al actual “Horizonte 2020”.

La creación del CEI se encuadra en el pilar “Europa innovadora” de este nuevo marco, que persigue la expansión de la innovación de vanguardia y disruptiva. Este nuevo Consejo, pretende ser una ventanilla única para todos aquellos innovadores que presenten un gran potencial.

Actualmente, el CEI se encuentra en una fase piloto (2018-2020) mejorada con respecto a su precedente, tratando de facilitar la transición hacia un CEI completamente desarrollado. Está dotada de un presupuesto de 2.7 billones de euros financiados a través de los presupuestos existentes.

La visión de la innovación ha adquirido un matiz más amplio, intentando no circunscribirlo a determinados sectores e incluyendo no solo la ciencia y la tecnología sino la diversidad en los modelos organizacionales o el diseño como claves para ofrecer modelos disruptivos.

A quién se dirige

El piloto CEI se centra en la financiación competitiva para innovadores, empresas emergentes y empresas con ideas e innovaciones que:

– Sean radicalmente diferentes de los productos, servicios o modelos de negocio existentes

– Involucren una naturaleza de «alto riesgo-alta ganancia» para los inversores

– Tengan el potencial para ser ampliados internacionalmente. La escalabilidad es fundamental para que un proyecto sea financiable.

Características

– Respaldo a cualquier área de tecnología o sector, incluidas combinaciones novedosas de tecnologías y modelos de negocios, superándose así la predefinición de la temática de los proyectos susceptibles de apoyo que caracterizaba a los anteriores instrumentos de financiación. Los denominados topics del H2020 encorsetaban y limitaban los proyectos que se pudieran apoyar al tener que encuadrarse en una de estas áreas de forma obligatoria. Además, el presupuesto se dividía por cada materia, aumentando mucho la competencia en algunas de ellas mientras que otras apenas cubrían la línea comprometida.

– Apoyo y financiación para proyectos en distintas fases, desde la viabilidad (pruebas de concepto o desarrollo de planes de negocio) hasta el desarrollo en etapas más avanzadas.

– Ofrece oportunidades de networking, mentoring y coaching, así como asesoramiento estratégico con el fin de mejorar el ecosistema de innovación europeo.

– Se introducen entrevistas cara a cara como parte de la evaluación de propuestas por expertos independientes. Como tales, las decisiones de financiamiento se basarán no solo en una evaluación de las propuestas en papel, sino también en las cualidades y motivaciones de la PYME.

– Instrumentos más simplificados y comprensibles

Los instrumentos

                – EIC Pathfinder, que otorga subvenciones para el desarrollo de las primeras etapas de los proyectos. Incluye FET–Open y FET-Proactive (FET = Future and Emerging Technologies)

                – Acelerador del CEI (EIC Accelerator) que ofrece subvenciones y financiación combinada para la comercialización y el crecimiento, basado en el instrumento PYME del H2020.

                – Vía Rápida a la Innovación (Fast Track to Innovation), promueve actividades de innovación cercanas al mercado abiertas a consorcios dirigidos por la industria que pueden estar compuestos por todo tipo de participantes.

                – Premios Horizonte CIE (EIC Horizon Prizes). Son premios de incentivo, que ofrecen una recompensa en efectivo a quien pueda enfrentar un desafío definido de la manera más efectiva. Su objetivo es estimular la innovación y encontrar soluciones a problemas importantes para los ciudadanos europeos. Como ejemplo, actualmente está en fase de presentación de propuestas un Premio para los proyectos innovadores que mejoren las actuaciones de ayuda humanitaria.

La consignación en las ventas internacionales

El auge del comercio internacional y la irrupción de las ventas online han hecho que la venta en consignación sea una herramienta cada vez más utilizada por empresas de todo tipo. La consignación de mercancías consiste en el envío y depósito de estos productos por el proveedor para destinarlos a ventas a clientes de un mercado determinado y cuyo precio no se cobra hasta que dicha venta no se haya realizado efectivamente. Este depósito se puede realizar tanto en las instalaciones de un proveedor logístico o un intermediario/comisionista, como en la sede del cliente final. Por ejemplo, pensemos en la operativa determinada por las principales plataformas de comercio electrónico, que ofrecen a sus empresas vendedoras la posibilidad de depositar mercancía en los almacenes que tiene repartidos en diferentes países.

Este tipo de operativa tiene ventajas para la empresa que quiera aventurarse en el comercio internacional:

  • Reducción de costes logísticos y de transporte.
  • Mayor agilidad y rapidez de respuesta ante los pedidos de los clientes, por la cercanía geográfica.
  • Agilidad en los trámites administrativos de importación y exportación.

Sin embargo, las empresas también deben ser conscientes del coste de oportunidad que supone tener mercancía destinada a un mercado si no se sabe a ciencia cierta cuándo se formalizarán las ventas, así como contar con toda la información respecto a las obligaciones fiscales que puede repercutir esta operativa.

Si bien, la mayoría de los Convenios para evitar la Doble Imposición internacional no suelen considerar un establecimiento permanente en un país el mero uso de un almacén, las empresas deberán estudiar esta cuestión para no incurrir en sanciones fiscales por este motivo.

Para estudiar las implicaciones en términos aduaneros y de IVA se deberá diferenciar entre las ventas realizadas en Estados de la Unión Europea y terceros países, puesto que la operativa será específica de cada uno de ellos. Si bien la venta de mercancía procedente o destinada a terceros países deberá respetar la normativa aduanera de la Unión y podrán hacer uso de los depósitos aduaneros para estos menesteres, la consignación entre Estados miembros carece de una normativa homogénea.

En términos generales, una empresa que deposite mercancía en consigna en otro país de la Unión Europea para abastecer a los clientes de este territorio debería registrarse a efectos de IVA en ese país y realizar las liquidaciones periódicas correspondientes. Sin embargo, la proliferación del comercio electrónico ha motivado la simplificación en algunos países, mientras que en otros no se ha puesto en marcha ninguna medida adicional. Así, se deberá estudiar país por país para aprovechar las ventajas impositivas que se han incorporado en algunos de ellos. Como ejemplo, tenemos países europeos donde se ha implantado como alternativa el call-off stock. Este sistema permite evitar el registro fiscal en el país de un cliente si tenemos con él un acuerdo de venta en consigna que determina de forma fehaciente quién es el destinatario final desde que la mercancía sale de nuestras instalaciones y éste tendrá libre acceso y disposición a esta mercancía, según sus necesidades productivas o comerciales. Este caso se da de forma habitual entre los clientes industriales, los materiales de servicio post-venta o aquéllos que se usen para una instalación.

Deberá considerarse que mientras que en las declaraciones de Intrastat se declararán las salidas físicas de mercancías, en este caso, se producirá un desfase temporal con las declaraciones fiscales en términos de IVA de estas operaciones, puesto que éstas se harán efectivas a la emisión de la factura correspondiente.

Noruega: un mercado de oportunidades para la construcción de infraestructuras

En el año 2017, el Gobierno de Noruega presentó un ambicioso Plan Estatal de Infraestructuras que pretende dotar al país de un sistema más moderno y ágil que satisfaga las necesidades de una población y actividad económica creciente. Para ello, el presupuesto previsto es de 97.000 millones de euros, incluyendo infraestructuras ferroviarias, costeras y carreteras. Además de adaptar las infraestructuras nacionales a las necesidades de uso, este Plan persigue aumentar la resistencia a una climatología adversa y disminuir las emisiones de CO2 en su objetivo de apostar por la sostenibilidad en todo el país.

Dentro de estas infraestructuras planeadas destaca la autopista que recorrerá toda la costa oeste del país y a la que se destinarán unos 47.000 millones de euros. Actualmente la carretera que cubre este recorrido necesita el uso de ferries para salvar algunos de los principales fiordos, aumentando la desconexión de estos territorios y el tiempo necesario para recorrerlo. Para ello, se han planteado soluciones innovadoras que introduzcan túneles y puentes y ayuden a vertebrar el país.

Además, el Gobierno nacional es consciente de la necesidad de mejorar las infraestructuras ferroviarias como respuesta al esperado incremento de población del área de Oslo, cuyo número de habitantes se prevé que aumente un 30% hasta 2025. Hay previstos 12.000 millones de euros para proyectos que se desarrollarán hasta 2023 y en los que no solo se mejorarán las infraestructuras, sino que también se potenciará la digitalización del servicio. Solo en este año se van a licitar 3 millones de euros de contratos de diseño y consultoría, cuya construcción está prevista que comience entre 2021 y 2022. Algunas empresas españolas ya están participando en estos proyectos.

Nuestra experiencia en proyectos y licitaciones internacionales, especialmente de infraestructuras y servicios, nos ha hecho participar en este tipo de concursos guiando y asesorando a nuestros clientes. En nuestra política de establecer acuerdos con socios locales en diferentes mercados y aumentar nuestro radio de actuación, hemos llegado a un acuerdo con un partner noruego especializado en la implantación y actuación de empresas extranjeras en el país. Por ello, contamos con un sistema de alertas de oportunidades en este mercado y con nuestra experiencia internacional de más de veinte años para poner al servicio de las empresas que pudieran estar interesadas en explorarlo.

Prestación de servicios digitales a través de plataformas

Prestación de servicios digitales a través de plataformas

¿Tu actividad principal es la prestación de servicios a través de internet? ¿Realizas esta prestación a través de un intermediario? ¿Eres intermediario entre el propietario de los servicios digitales y los clientes y no tienes claro quién es el responsable de las obligaciones tributarias?

A continuación te aclaramos brevemente todo lo relacionado con este método de prestación de servicios.

Actualmente, muchas empresas prestan sus servicios digitales a través de un marketplace, alguna plataforma o portal, los cuales simplifican las búsquedas de estos servicios para el cliente y donde son prestados de forma rápida y sencilla.

En la mayoría de casos, el cliente efectúa la compra a través de estas plataformas mediante tarjeta de crédito, una cuenta recargable en la misma plataforma u otros medios de pago. En ocasiones se crean cadenas largas de distribución y puede ser complicado identificar la figura de cliente final y discernir quién es el obligado al pago del IVA asociado a la prestación del servicio.

La normativa europea dispone que todo intermediario actúa en nombre propio pero por cuenta del proveedor del servicio (el propietario).

Esto quiere decir que se considera que cada intermediario recibe y presta el servicio, siendo por tanto, el responsable del pago del IVA.

Sin embargo, el intermediario podrá rechazar esta condición cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

– El proveedor del servicio queda claramente definido a través de las facturas emitidas y recibidas por cada intermediario y por el cliente final, así como por los contratos realizados entre las partes, y

– El intermediario no es responsable del pago entre el cliente y el propietario del servicio, y

– El intermediario no es responsable de la entrega del servicio del propietario del contenido al cliente, y

– El intermediario no fija las condiciones y términos de la venta.

Hay que apuntar que se excluye de la intermediación y de las responsabilidades a efectos de IVA a las empresas que se encargan exclusivamente del procesamiento de los pagos.

Entre algunas de las plataformas digitales más utilizadas se encuentran aquellas que proveen al consumidor contenidos tales como música, películas, videojuegos o aplicaciones, así como aquellas que ofertan contenidos educativos como cursos a través de vídeos y materiales disponibles en el propio portal web.

Estas plataformas son el intermediario entre los creadores del contenido y el consumidor final,  proporcionando publicidad y visibilidad a los primeros (en muchos casos comercializando los productos desde su propio portal), y facilidad en el acceso a estos productos digitales para el cliente.

Si por ejemplo paga usted una cuota mensual por la música ofrecida en alguna plataforma digital, se entenderá que ésta es la proveedora del servicio y será la responsable a efectos de IVA. La relación de la plataforma  con el propietario del contenido, ya sean sellos discográficos o artistas independientes, quedará establecida por un contrato a través del que se fijará normalmente un pago periódico por los derechos de autor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventas online de productos en la Unión Europea

Si hablamos de ventas a través de internet, podemos referirnos a operaciones realizadas íntegramente de forma electrónica o bien a aquellas operaciones que se inician a través de la red, pero en las que finalmente un producto o servicio físico es recibido por el cliente.

En el presente artículo nos centraremos en la fiscalidad de estas últimas, donde un producto o servicio físico es recibido físicamente por el cliente y comprador y vendedor no se encuentran en el mismo lugar.

¿Cómo funciona el IVA de estas ventas a través de internet?

Actualmente, la regulación del IVA dispone que estas operaciones sean consideradas como ventas a distancia.

Habrá que tener en cuenta para conocer cómo computar el IVA, quién es nuestro cliente y dónde se ubica.

– Si el cliente es un empresario de otro Estado miembro de la UE

El cliente dispondrá de un número de IVA intracomunitario válido, que proporcionará a su empresa. De no ser así, se debe actuar como con un particular.

En este caso, no tendrá que facturar con IVA, pues el cliente se lo auto repercutirá en sus declaraciones en su país.

– Si el cliente es un particular o consumidor final de otro estado de la UE

En las ventas a distancia, el IVA a aplicar será el del país de ubicación de la empresa.

No obstante, existen unos umbrales para cada país a tener en cuenta. Estos umbrales establecen el límite de ventas anuales que una empresa puede realizar en ese determinado país sin necesidad de registrarse allí a efectos de IVA.

Esto quiere decir que una vez superado el umbral, será necesario registrarse y aplicar el IVA del país de destino.

Los cambios a partir de 2021

A partir de 2021, con la entrada en vigor de la Directiva de la Unión Europea aprobada en 2017 se producirán ciertos cambios en la tributación del IVA del régimen de ventas a distancia.

La modificación más importante se trata del lugar de tributación, que pasará a ser el país de destino de la mercancía, donde se encuentre ubicado el cliente final.

Para simplificar los trámites, se introducirá el Sistema de Ventanilla Única, actualmente aplicable para la prestación de servicios online.

Este sistema permite a la empresa presentar su declaración telemática de IVA sobre todas la ventas online realizadas en otros países comunitarios a través de la Agencia Tributaria Española. Será así la Administración Tributaria quien posteriormente distribuya los ingresos fiscales a los países correspondientes.

Además, entre las normas se incluye que las empresas emergentes y pymes que no alcancen los 10.000 euros anuales en ventas transfronterizas podrán continuar aplicando la normativa sobre IVA de su país de origen.

Umbrales vigentes a Abril de 2019. (Tipo de cambio a 18  de Abril de 2019)

País Límite IVA anual Moneda nacional
Alemania 100.000 €  
Austria 35.000 €  
Bélgica 35.000 €  
Bulgaria 35.790,4 € BGN 70.000
Chipre 35.000 €  
Croacia 36.270,2 € HRK 270.000
Dinamarca 37.503,1 € DKK 280.000
Eslovaquia 35.000 €  
Eslovenia 35.000 €  
España 35.000 €  
Estonia 35.000 €  
Finlandia 35.000 €  
Francia 35.000 €  
Grecia 35.000 €  
Hungría 35.000 €  
Irlanda 35.000 €  
Italia 35.000 €  
Letonia 35.000 €  
Lituania 35.000 €  
Luxemburgo 100.000 €  
Malta 35.000 €  
Países Bajos 100.000 €  
Polonia 37.437,2 € PNL 160.000
Portugal 35.000 €  
Reino Unido 80.791,8 € GBP 70.000
República Checa 44.404,2€ CZK 1.140.000
Rumanía 24.745,2 € RON 118.000
Suecia 30.631,4 € SEK 320.000

Lo que necesitas saber sobre la fiscalidad de los servicios electrónicos

¿Estoy prestando un servicio electrónico?

A continuación detallamos qué actividades son consideradas como un servicio electrónico y cuáles son excluidas de este concepto.

Sí es servicio electrónico

Aquellos servicios automatizados, que requieren una intervención humana mínima y que serían inviables al margen de la tecnología de la información como:

– Suministro y alojamiento de sitios web, mantenimiento a distancia de programas y de equipos

– Suministro de programas informáticos y sus actualizaciones

– Suministro de imágenes, texto e información y puesta a disposición de bases de datos

– Suministro de música, películas, juegos y libros electrónicos, incluidos los de azar o de dinero, y de emisiones y actos políticos, culturales, artísticos, deportivos, científicos o de ocio

– Prestación de servicios de enseñanza a distancia

No es servicio electrónico

– Las mercancías cuyo pedido o tramitación se efectúe por vía electrónica o internet

– Los soportes físicos que contengan material e información digital

– El material impreso, como libros, boletines, periódicos o revistas

– Los servicios de profesionales, tales como abogados y consultores financieros, que asesoren a sus clientes por correo electrónico, videoconferencia u otros soportes electrónicos en los que se requiera su presencia y participación en remoto.

– Los servicios de enseñanza en los que el contenido del curso sea impartido por un profesor por Internet o a través de una red electrónica, es decir, por conexión remota

– Los servicios de reparación física no conectados de equipos informáticos

– Los servicios de almacenamiento de datos fuera de línea

– Los servicios de publicidad, como los incluidos en periódicos, carteles o por televisión

– Los servicios de ayuda telefónica

– Los servicios de enseñanza prestados exclusivamente por correspondencia, por ejemplo, por correo postal

– Los servicios convencionales de subastas que dependan de la intervención humana directa, independientemente de cómo se hagan las pujas;

– Las entradas a actos culturales, artísticos, deportivos, científicos, educativos, recreativos o similares reservados en línea

– El alojamiento, el alquiler de coches, los servicios de restaurante, el transporte de pasajeros o servicios similares reservados en línea

¿Qué responsabilidades fiscales tengo si estoy realizando un servicio electrónico?

Usted o su empresa están sometidos al pago del IVA por los servicios electrónicos prestados.

El pago del IVA se efectuará en el lugar donde se produzca el consumo de dichos servicios, como establecen las reglas introducidas en 2015.

Deberá tener en cuenta quién es su cliente para conocer cómo debe cumplir con sus obligaciones fiscales.

¿Quién es mi cliente?

Particulares residentes en algún Estado Miembro de la Unión Europea. Para aquellas empresas que prestan servicios a particulares, el mecanismo de ventanilla única de la Agencia Tributaria le evita tener que registrarse a efectos del impuesto en todos aquellos estados europeos donde preste sus servicios.

Tendrá usted la obligación de aplicar y declarar el IVA de los Estados miembros donde preste su servicio. Esto quiere decir que tendrá que aplicar a sus clientes los tipos del IVA correspondientes al Estado miembro en que estén situados.

Empresas o profesionales residentes en la Unión Europea. En este caso serán sus propios clientes quienes declaren el IVA en su propio Estado Miembro.

 – Particulares, empresas o profesionales de terceros países. Estas prestaciones quedan fuera del ámbito de aplicación del IVA de la UE. No habrá que repercutir el IVA.

En el caso de que una empresa o profesional españoles reciban un servicio electrónico prestado por una mercantil de terceros países, deberán aplicar la inversión de sujeto pasivo por el IVA que debiera repercutir.

– Presta sus servicios a través de otra empresa o profesional.

¿Qué es el registro de jornada de los trabajadores?

El Decreto – Ley 8/2019 del 8 de marzo de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo introduce la obligatoriedad de registro de jornada de todos los empleados, mediante el registro de la hora exacta de entrada y salida.

El inicio de esta obligación comenzará el 12 de mayo, dos meses después de la publicación del Decreto, como se indica en el propio texto.

Hasta el momento, el Estatuto de trabajadores recogía esta obligación de registro para los empleados a media jornada. En su artículo 12 se establecía que “la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias”. Se incluía seguidamente la obligación del empresario de conservar estos resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un período mínimo de cuatro años.

Con la creación del nuevo apartado 9 en el artículo 34 del Estatuto de Trabajadores, el Decreto supone la ampliación de esa obligación de registro para todos los trabajadores, manteniéndose también la obligación de conservación de los registros durante cuatro años e incluyendo que “permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

Lo que el texto no especifica sin embargo, es la forma en la que se llevará a cabo dicho registro, dejando así la organización y documentación de éste, en manos de la “negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa”. En el caso de las empresas que no quieran instalar un sistema mecánico o digital, deberán llevar este control diariamente de forma manual.

Se modifica asimismo en el Decreto, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, para incluir las faltas relacionadas con los registros como infracciones graves, que suponen unas multas “en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros, en su grado medio de 1.251 a 3.125 euros; y en su grado máximo de 3.126 a 6.250 euros”.

Con la medida se pretende garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, creando un marco de seguridad jurídica para los empleados y facilitando el control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En la exposición de motivos del Decreto, se justifica la medida tomando como partida las sentencias de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y una Directiva de la Unión Europea en las que se considera como necesaria la regulación del registro de la jornada laboral.

Las bases de la disposición se asientan también sobre los datos revelados por las Encuestas de Población Activa de 2017 y 2018, años en los que se realizaron 5,8 y 6,4 millones de horas extraordinarias. Además, en 2018 un 35% del total de las denuncias por incumplimientos empresariales en materia de relaciones laborales recibidas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se referían al tiempo de trabajo.

Los sectores más perjudicados por la realización de horas extraordinarias no pagadas fueron el comercio (15,2% del total de horas) y la hostelería (10,9% del total).

Esta norma es por tanto, una de las formas con las que el Gobierno pretende abordar uno de los elementos que contribuyen a la precariedad laboral. 

Cómo afectan las últimas modificaciones legislativas al alquiler turístico

¿Cómo afectan las últimas modificaciones legislativas al alquiler turístico?

Durante el último año se han producido algunas modificaciones legislativas que han incidido en la regulación de los alquileres turísticos en nuestro país.

El auge de esta modalidad de arrendamiento, unido a la falta de un marco regulatorio que definiera las relaciones de esta nueva forma de contratación, ha hecho que tanto Estado como Comunidades Autónomas y Ayuntamientos hayan establecido normas que afectan a las condiciones en las que se pueden realizar, así como a sus obligaciones legales y fiscales.

Además de las regulaciones municipales que se han puesto en marcha en algunas ciudades, como los requisitos de que los pisos turísticos tengan salida directa a la calle, estén localizados en la planta baja o primera planta de un edificio de viviendas o cumplan con lo dispuesto en los planes urbanísticos, algunas Comunidades Autónomas implantaron diferentes registros para este tipo de alquileres.

En el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo al arrendamiento de viviendas se han establecido nuevas medidas a tener en cuenta:

Alquiler turístico

Se introduce una precisión técnica en la exclusión del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de la cesión temporal del uso que comporta la actividad de las denominadas viviendas de uso turístico, suprimiendo la limitación de que éstas deban ser necesariamente comercializadas a través de canales de oferta turística y remitiendo específicamente a lo establecido en la normativa sectorial turística que resulte de aplicación (autonómica, municipal o estatal). Es decir, se amplía a otros tipos de comercialización de este tipo de alquiler.

Las Comunidades de Propietarios

Será necesaria ahora una mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios de una comunidad para formular acuerdos que limiten o condicionen el ejercicio de la actividad de arrendamiento turístico y también para establecer cuotas especiales o incremento en la participación de los gastos comunes a la realización de dicha actividad, siempre que no supongan un incremento superior al 20%.

Tanteo y retracto

Los decretos de 2018 y 2019 introducen que en casos de venta conjunta de todas las viviendas y locales de un mismo inmueble perteneciente a un mismo arrendador, así como la venta conjunta de varios vendedores a un solo comprador, la legislación sobre vivienda podrá establecer el derecho de tanteo y retracto respecto a la totalidad del inmueble en favor del órgano que designe la administración competente.

En este caso, puede afectar a inmuebles que pertenezcan a un mismo propietario donde se realicen diferentes actividades de arrendamiento, entre ellas las de alquiler turístico.

Real Decreto Arrendamiento de Viviendas

¿Cómo afecta el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo al arrendamiento de viviendas?

En los últimos meses se han aprobado diferentes medidas legislativas que han afectado a los contratos de arrendamiento de vivienda. Cada una de estas medidas ha modificado cuestiones que afectan a aquellos que se celebren durante su vigencia. A continuación trataremos los principales cambios del último decreto aprobado el 1 de marzo:

¿A quién afectan las nuevas modificaciones?

Afectan a todos los contratos de arrendamiento exceptuando los de viviendas de más de 300 metros cuadrados o cuyo arrendamiento inicial supere los 69.300€ anuales. Estos contratos se regirán en primer lugar por el acuerdo de las partes.

Plazos y prórrogas de los contratos

El plazo mínimo de los contratos pasa de 3 años a 5 años si el arrendador es una persona física y a 7 años si se trata de una persona jurídica. Aquellos arrendamientos en los que no se establezca una duración determinada, se entenderán acordados por un año.

Si al fin del contrato ninguna de las partes muestra su voluntad de no renovarlo, se prorrogará en anualidades hasta tres años (anteriormente un año). Los plazos para notificar la no renovación al término del contrato, aumentan de 30 días a dos meses en caso del arrendatario y a 4 meses en caso del arrendador. La notificación se realizará con 1 mes de antelación si se trata de la no renovación tras alguna de las anualidades de la prórroga.

La vigencia del contrato proporciona efectos frente a terceros a pesar de no estar inscrito en el Registro de la Propiedad. Es decir, seguirá vigente a pesar de que exista una sentencia judicial, fideicomiso, etc.

Además, el nuevo decreto blinda el contrato frente al supuesto de venta de la vivienda. Al comprador se transmitirán los derechos y obligaciones y por tanto, el contrato de arrendamiento seguirá teniendo validez hasta el cumplimiento de los mínimos de 5 y 7 años, según el caso. También se establece que para contratos pactados para plazos superiores a los 5 y 7 años, en caso de fallecer el arrendatario, su derecho podrá subrogarse cuando quien lo sustituya se encuentre en situaciones de vulnerabilidad, afecte menores de edad, personas con discapacidad o mayores de 65 años.

Modificaciones que inciden en el momento de la suscripción de los contratos de arrendamiento

Se fija en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario, ya sea a través de depósito o de aval bancario, y salvo que se trate de contratos de larga duración. Es decir, la exigible en metálico correspondiente a una mensualidad (dos si el uso del inmueble es distinto al de vivienda) y un máximo de dos mensualidades para las garantías adicionales. Anteriormente, no existía un máximo fijado para estas garantías adicionales.

Se establece también por Ley que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador, cuando éste sea persona jurídica.

Obras de mejora

Las obras también podrán realizarse desde el inicio del contrato bajo previo acuerdo, aumentando la renta del arrendamiento, según establecen los nuevos acuerdos. Sin embargo, esto no debe afectar de ninguna forma a los períodos de prórroga ni suponer un reinicio de cómputo de los plazos. Se especifica además que estas mejoras se refieren a aquellas que van más allá del mero deber de conservación.

Las obras de mejora realizadas tras los 5 ó 7 primeros años de contrato podrán aumentar la renta anual, aplicándole al capital invertido el tipo de interés legal del dinero (3% actualmente) más tres puntos (aumento máximo del 20% de la renta, descontadas subvenciones públicas de las que hubieran podido beneficiarse)

Medidas en materia económica y fiscal

Incluye tres medidas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles:

1. Se exceptúa de la obligación de repercutir el impuesto al arrendatario cuando el arrendador sea un ente público en los supuestos de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica.

2. Se modifica la regulación del recargo previsto para los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente, para que sean los ayuntamientos quienes la fijen en su ámbito municipal.

3. Se crea una bonificación potestativa de hasta el 95 por ciento para los inmuebles destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica, a la que podrán acogerse las viviendas sujetas a regímenes de protección pública en alquiler o viviendas en alquiler social en las que la renta está limitada por un determinado marco normativo.

Los índices de precios de alquiler

En el decreto de marzo de 2019 se determina la creación de un sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda que se elaborará en el plazo de 8 meses y será publicado en el BOE. Se elaborará un índice estatal y también podrán ser definidos por las comunidades, adaptándolos a su territorio.